La iniciativa Pública. Red de recursos.
La mesa de debate reunió a representantes de las principales administraciones implicadas en la lucha contra la violencia de género, con la moderación de Elena García, directora médica del Hospital Universitario Reina Sofía.
Participaron la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, las Delegada de Salud y Consumo; de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; y de Justicia, María Jesús Botella, Dolores Sánchez y Raquel López, la vicerrectora de Igualdad de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi, la Jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, Teresa Varón, y la inspectora de la Policía Local encargada de los casos de Violencia sobre la Mujer, Vicenta Rodríguez.
Desde el ámbito local, Vicenta Rodríguez subrayó la importancia de una atención cercana y personalizada a las mujeres que denuncian, con recursos que abarcan desde los servicios sociales comunitarios hasta la sala amable de la Policía Local, diseñada para reducir el estrés y la revictimización. Recordó que la coordinación entre cuerpos policiales, servicios sociales, vivienda y recursos de acogida permite ofrecer protección completa:
«La protección es antes, durante y después. Hoy no debería haber miedo a denunciar».
Por parte de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno destacó el papel de apoyo técnico, económico y formativo a los municipios, especialmente en el medio rural y en estrecha colaboración con el tejido asociativo de mujeres. Puso el foco en la violencia digital, una forma de violencia todavía poco reconocida por quienes la sufren:
«Trabajamos 365 días al año y este año queremos dar visibilidad a la violencia digital, que afecta ya a más del 80% de las mujeres jóvenes».
Desde Justicia, Raquel López explicó los recursos que buscan humanizar la administración de justicia y evitar que las mujeres tengan que relatar su historia una y otra vez: la asistencia jurídica gratuita especializada en violencia de género, el Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), las salas Gesell para grabar declaraciones en un entorno protegido y los puntos de encuentro familiar donde se garantiza la seguridad de los menores:
«Evitar la revictimización es clave: la justicia tiene que poner a las personas en el centro».
La delegación de Salud, a través de María Jesús Botella, destacó el papel del sistema sanitario como puerta de entrada y detección precoz: la red de centros acreditados como “sanitarios comprometidos contra la violencia de género” y las comisiones interdisciplinares que revisan circuitos y protocolos. Recordó que la violencia de género es también un grave problema de salud pública:
«Las heridas y las cicatrices forman parte de nosotras y nos hacen más fuertes. No hay que esconderlas».
Desde Inclusión Social, Lola Sánchez puso el foco en el impacto sobre los hijos e hijas de las mujeres maltratadas, que aun sin sufrir agresión directa, viven en un ambiente de miedo e inseguridad con consecuencias emocionales y afectivas. Destacó la atención integral del Instituto Andaluz de la Mujer y los Centros de Información a la Mujer, donde se ofrece apoyo psicológico, jurídico y social, así como ayudas económicas y programas específicos para menores huérfanos por violencia de género:
«Afecta a las mujeres y afecta a sus hijos: aunque nadie les ponga la mano encima, viven en un entorno de violencia».
La Universidad de Córdoba, representada por Sara Pinzi, remarcó el papel de la educación superior en la prevención y en la formación de las y los futuros profesionales: desde la inclusión de contenidos de igualdad y violencia de género en los planes de estudio hasta la acción de las unidades de igualdad, los nuevos protocolos frente al acoso y la investigación. Señaló datos preocupantes entre la juventud:
«El 23,1% de los chicos jóvenes niega la existencia de la violencia de género. La universidad tiene que trabajar en sensibilización, prevención e intervención temprana».
Por último, Teresa Varón expuso el papel de la Administración General del Estado y del sistema VioGén, que centraliza la valoración policial del riesgo y la protección de las víctimas, así como los recursos vinculados al Pacto de Estado y a la teleasistencia ATEMPRO:
«En Córdoba y provincia hay casi 2.300 mujeres con medidas de protección activa, y casi 500 están vinculadas a más de un maltratador. Esa cifra nos obliga a mirarnos, coordinarnos y reforzar la respuesta».
La mesa cerró con una idea común: solo una red pública coordinada, cercana y basada en datos, cuidado y compromiso puede ofrecer a las mujeres una verdadera puerta de salida del círculo de la violencia.
